Corte Constitucional exige al Gobierno garantizar el financiamiento adecuado del sistema de salud
El alto tribunal reconoce el déficit en los recursos y ordena recalcular la UPC y ajustar la metodología de financiación
La Corte Constitucional de Colombia ha emitido dos fallos clave (Autos 2049 de 2024 y 007 de 2025) que confirman el grave desfinanciamiento del sistema de salud en el país. En su decisión, el alto tribunal ordenó al Gobierno Nacional realizar los cálculos técnicos necesarios para asegurar que los recursos destinados a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los Presupuestos Máximos sean suficientes para garantizar la atención médica de todos los colombianos.
Con esta medida, la Corte responde a las múltiples alertas lanzadas por actores del sector salud, quienes han advertido que la falta de recursos está afectando la calidad de la prestación de los servicios. La crisis financiera ha impactado a pacientes, proveedores, prestadores de salud y Empresas Promotoras de Salud (EPS), generando un aumento de quejas, reclamos y tutelas por fallas en la cobertura médica.
Un sistema en crisis por la falta de financiación
Desde la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) se ha insistido en que la subestimación del presupuesto ha generado graves consecuencias en el funcionamiento del sistema de salud. La falta de recursos ha afectado el flujo de pagos a proveedores, la operación de hospitales y clínicas, así como la estabilidad financiera de las EPS, lo que pone en riesgo la atención de millones de usuarios.
La situación se ha visto agravada por diversos factores, entre ellos:
- El envejecimiento de la población, que ha incrementado la demanda de atención médica.
- La expansión del Plan de Beneficios en Salud (PBS), que ha incorporado más tratamientos y medicamentos.
- El avance de nuevas tecnologías médicas, que requieren mayor inversión.
- El aumento de enfermedades crónicas y catastróficas, que elevan los costos de atención.
Como resultado de este contexto, el país ha registrado un incremento sin precedentes en tutelas y reclamaciones relacionadas con la garantía del derecho a la salud, lo que evidencia deficiencias estructurales en la financiación del sistema.
Órdenes de la Corte: recalcular la UPC y reformular la metodología financiera
Tras un análisis exhaustivo del estado financiero del sistema de salud, la Corte Constitucional, a través de la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, determinó que es imprescindible:
✔ Recalcular la UPC desde 2021 hasta 2025, corrigiendo los déficits acumulados y asegurando que los recursos sean suficientes.
✔ Reformular la metodología utilizada para determinar la prima de salud, con el fin de garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
✔ Implementar un mecanismo de monitoreo constante que evalúe el desempeño financiero del sistema y garantice la estabilidad de los recursos.
Estas medidas buscan corregir el desequilibrio financiero, evitar que la crisis se agrave y asegurar la continuidad de los servicios de salud para la población.
ACEMI pide soluciones urgentes y una respuesta técnica del Gobierno
Desde ACEMI, se ha destacado la relevancia del pronunciamiento de la Corte y se ha hecho un llamado al Gobierno Nacional para que convoque una mesa de trabajo técnica con todos los actores del sector y garantice que las decisiones en materia presupuestal sean sostenibles y viables.
“La crisis de financiamiento del sistema de salud no debe ser manejada con enfoques políticos, sino con criterios técnicos claros que aseguren la estabilidad del sistema y protejan el derecho a la salud de los colombianos”, indicó la entidad.
Asimismo, se reiteró la disposición de las EPS y prestadores para participar en los espacios de discusión y aportar soluciones que permitan garantizar la prestación del servicio sin interrupciones.
Una decisión que impacta a todos los colombianos
El financiamiento adecuado del sistema de salud es fundamental para asegurar el derecho a la salud y garantizar la sostenibilidad del modelo de atención en el país.
La decisión de la Corte representa un paso crucial para recuperar la estabilidad del sistema, evitando un colapso que afectaría a millones de ciudadanos. Sin embargo, el cumplimiento de esta orden ahora depende del Gobierno Nacional, que deberá actuar con prontitud para realizar los ajustes necesarios y destinar los recursos suficientes para responder a las necesidades del sistema de salud.
La respuesta del Ejecutivo en las próximas semanas será clave para determinar el futuro del sector y la garantía del acceso a servicios médicos para toda la población.
El alto tribunal reconoce el déficit en los recursos y ordena recalcular la UPC y ajustar la metodología de financiación
La Corte Constitucional de Colombia ha emitido dos fallos clave (Autos 2049 de 2024 y 007 de 2025) que confirman el grave desfinanciamiento del sistema de salud en el país. En su decisión, el alto tribunal ordenó al Gobierno Nacional realizar los cálculos técnicos necesarios para asegurar que los recursos destinados a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los Presupuestos Máximos sean suficientes para garantizar la atención médica de todos los colombianos.
Con esta medida, la Corte responde a las múltiples alertas lanzadas por actores del sector salud, quienes han advertido que la falta de recursos está afectando la calidad de la prestación de los servicios. La crisis financiera ha impactado a pacientes, proveedores, prestadores de salud y Empresas Promotoras de Salud (EPS), generando un aumento de quejas, reclamos y tutelas por fallas en la cobertura médica.
Un sistema en crisis por la falta de financiación
Desde la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) se ha insistido en que la subestimación del presupuesto ha generado graves consecuencias en el funcionamiento del sistema de salud. La falta de recursos ha afectado el flujo de pagos a proveedores, la operación de hospitales y clínicas, así como la estabilidad financiera de las EPS, lo que pone en riesgo la atención de millones de usuarios.
La situación se ha visto agravada por diversos factores, entre ellos:
- El envejecimiento de la población, que ha incrementado la demanda de atención médica.
- La expansión del Plan de Beneficios en Salud (PBS), que ha incorporado más tratamientos y medicamentos.
- El avance de nuevas tecnologías médicas, que requieren mayor inversión.
- El aumento de enfermedades crónicas y catastróficas, que elevan los costos de atención.
Como resultado de este contexto, el país ha registrado un incremento sin precedentes en tutelas y reclamaciones relacionadas con la garantía del derecho a la salud, lo que evidencia deficiencias estructurales en la financiación del sistema.
Órdenes de la Corte: recalcular la UPC y reformular la metodología financiera
Tras un análisis exhaustivo del estado financiero del sistema de salud, la Corte Constitucional, a través de la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, determinó que es imprescindible:
✔ Recalcular la UPC desde 2021 hasta 2025, corrigiendo los déficits acumulados y asegurando que los recursos sean suficientes.
✔ Reformular la metodología utilizada para determinar la prima de salud, con el fin de garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
✔ Implementar un mecanismo de monitoreo constante que evalúe el desempeño financiero del sistema y garantice la estabilidad de los recursos.
Estas medidas buscan corregir el desequilibrio financiero, evitar que la crisis se agrave y asegurar la continuidad de los servicios de salud para la población.
ACEMI pide soluciones urgentes y una respuesta técnica del Gobierno
Desde ACEMI, se ha destacado la relevancia del pronunciamiento de la Corte y se ha hecho un llamado al Gobierno Nacional para que convoque una mesa de trabajo técnica con todos los actores del sector y garantice que las decisiones en materia presupuestal sean sostenibles y viables.
“La crisis de financiamiento del sistema de salud no debe ser manejada con enfoques políticos, sino con criterios técnicos claros que aseguren la estabilidad del sistema y protejan el derecho a la salud de los colombianos”, indicó la entidad.
Asimismo, se reiteró la disposición de las EPS y prestadores para participar en los espacios de discusión y aportar soluciones que permitan garantizar la prestación del servicio sin interrupciones.
Una decisión que impacta a todos los colombianos
El financiamiento adecuado del sistema de salud es fundamental para asegurar el derecho a la salud y garantizar la sostenibilidad del modelo de atención en el país.
La decisión de la Corte representa un paso crucial para recuperar la estabilidad del sistema, evitando un colapso que afectaría a millones de ciudadanos. Sin embargo, el cumplimiento de esta orden ahora depende del Gobierno Nacional, que deberá actuar con prontitud para realizar los ajustes necesarios y destinar los recursos suficientes para responder a las necesidades del sistema de salud.
La respuesta del Ejecutivo en las próximas semanas será clave para determinar el futuro del sector y la garantía del acceso a servicios médicos para toda la población.